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jueves, 29 de mayo de 2014
Por Angélica Quesada
En la última temporada, Biogenic ha publicado mas de 10 artículos que describen y explican los procesos que se siguen para obtener plantas genéticamente modificadas y certificarlas para su uso; también se han discutido los actuales alcances de la tecnología y los diferentes tipos de instituciones y empresas que se dedican a la experimentación y creación de este tipo de plantas. Para alguien como yo, que se especializa en Ciencias Políticas, estos artículos han sido claves para entender los retos que las plantas transgénicas presentan para la ciencia y las comunidades científicas, particularmente en Colombia.
A pesar de lo que pudiera suponerse, las Ciencias Sociales no han sido ajenas a la aparición de plantas transgénicas, por el contrario la investigación académica se ha preguntado como los procesos sociales, económicos y culturales relacionados con el cultivo, procesamiento, comercialización, distribución y consumo de alimentos ha cambiado a consecuencia de la aparición de estas plantas (Humiston, 2013; Millan, 1993). Este artículo, difiere un poco de los publicados anteriormente por Biogenic, porque se suscribe en el marco de las ciencias sociales, y tiene como objetivo explorar algunos de los procesos sociales relacionados con la llegada de las plantas genéticamente modificadas a Colombia.
Permítanme empezar por referirme a un hecho que parece ser obvio, pero que es la base de los puntos a exponer en este texto: Cuando se habla de plantas y de su relación con los especie humana, es posible concluir que las plantas son fundamentales en la generación de alimentos, y son base de la producción agrícola. En otras palabras, hablar de semillas y plantas es hablar de alimento para la población mundial y soporte económico de un amplio sector de esta población. Las plantas juegan también un rol ecológico fundamental, que no esta siendo obviado, pero que no es fundamental en la presente reflexión. Con relación a la actual relación entre los humanos y las plantas, Adalberto Blanco, en el diario digital Contraputo, defiende que en las grandes urbes, el acto cotidiano y “natural” de comer se hace a pesar de “ignorar los procesos –sociales, económicos, culturales y ambientales– que implican el cultivo, el procesamiento, la comercialización, la distribución y el consumo de nuestros alimentos”(Blanco Fuentes, 2012). El presente artículo es entonces una invitación a que pensemos en esos procesos que se esconden detrás de nuestro alimento diario.
Pensemos un poco en esta separación rural y urbana en Colombia. De acuerdo al Informe Nacional de Desarrollo Humano, creado por las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “el 32% de los colombianos son pobladores rurales, y en las tres cuartas partes de los municipios, cuya área ocupa la mayoría del territorio nacional, predominan relaciones propias de sociedades rurales” (PNUD, 2011). Aunque en el campo colombiano se practican diferentes actividades económicas, y su potencial se ve afectado por los conflictos de uso de la tierra, parece posible concluir que el 32% de la población colombiana es productora potencial de alimentos a través de la agricultura como actividad económica, y esperan sostener total o parcialmente a su familia con el resultado de la cosecha. La desconexión entre los actos de producción y el consumo de alimento parecen contrarrestar con el hecho de que el 32% de la población depende potencialmente de esta producción en Colombia. Por lo tanto explorar los procesos relacionados con nuestro alimento se vuelve necesario para lograr conectar la realidad urbana y la rural, y para comprender la dimensión de la relación entre plantas y humanos.
De herencia común a propiedad privada
Carlos A. Vicente, miembro del Foro de la Tierra y la Alimentación, nos recuerda, en un breve artículo, que desde que la agricultura fuera desarrollada por los humanos, las semillas que se sembraban, hasta hace unas décadas, habían “sido el fruto del conocimiento, la observación y la experimentación colectiva de los distintos pueblos” (Vicente, 2004). La Organización de las Naciones Unidas (ONU) asegura que “cuando nuestros antepasados empezaron a identificar, recolectar, cultivar y diseminar esas especies agrícolas, se inició un proceso de adaptación en dos vías , una entre los humanos y las plantas que cultivaban y, otra, entre estas plantas y su entorno”. Así que la relación entre las plantas y los humanos ha sido una relación innata a nuestra supervivencia como especie.
Tomemos como ejemplo la historia de la domesticación del tomate, contada por Veronique Bergougnoux (2014), para entender como se desarrolla esta relación en dos vías. Al cruzar los datos arqueológicos, paleontológicos, botánicos, históricos y filológicos disponibles, Bergougnoux concluye que la domesticación del tomate se inició en el Perú. Justo antes de la llegada de los Europeos a América la planta domesticada es llevada a México, donde la cultura Maya la cruza con especies nativas del área, y solo hasta después de 1521 el tomate alcanza suelos Europeos, donde las planta es cruzada con otras especies.
Sin embargo, este proceso de observación y experimentación colectiva, al que se refiere la ONU y que permitió la domesticación, cultivo y diseminación de plantas, cambia radicalmente durante la segunda mitad del siglo XX, cuando individuos y empresas empiezan a reclamar propiedad sobre los mejoramientos causados como resultados de su experimentación. En 1961 se crea la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). La UPOV es una organización internacional que “prevé una forma sui generis de protección de la propiedad intelectual, adaptada específicamente al proceso de fitomejoramiento y elaborada para alentar a los obtentores a crear nuevas variedades vegetales”(UPOV, 1961, 1972, 1991). Así pues, La UPOV busca proteger los derechos del conocimiento aplicado en la obtención de plantas fitomejoradas con el fin de promover la inversión de capital privado en el negocio. Por supuesto que desde antes de la creación de la UPOV se comercializaban semillas, pero no se reclamaba los “derechos del obtentor” sobre ellas. Desde 1961 un individuo o empresa, que financia experimentación en plantas con el objetivo de mejorarlas puede “patentar” su mejora ante la UPOV, y reclamar sus derechos de “obtentor”. Como obtentor, este individuo o empresa tiene derecho a que en el territorio de los países que firman la UPOV, se le page al productor por el derecho de producción, reproducción, preparación para fines de reproducción, oferta, venta, explotación, importación y posesión sobre la planta que posee la modificación genética que el obtentor creo. (UPOV, 1961, 1972, 1991).
El resultado de la experimentación o selección de plantas hasta mediados de 1900s se había caracterizado por su carácter colectivo, en el que nuevas especies y adaptaciones se compartían o comercializaban entre agricultores, y se escogían los mejores individuos de la cosecha para obtener semillas. Como consecuencia de la reclamación de la propiedad intelectual, el conocimiento tradicional pierde valor y la experimentación liderada por instituciones privadas se vuelve valiosa, no solo porque reclama regalías sobre el conocimiento generado, sino también porque algunos gobiernos prefieren impulsar este tipo de plantas en los mercados nacionales. Permítanme aclarar que no es solo el capital privado el que se dedica a este tipo de investigación, entidades públicas como universidades, e instituciones de capital mixto como el Centro de Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) también lo hacen, sin embargo, los planteamientos y relaciones de estos institutos con el UPOV son diferentes y no es pertinente desarrollar este punto en este artículo.
Pero volvamos a la historia del tomate, imaginémonos, por un instante, que hubiera pasado con el tomate, si sus primeros domesticadores hubieran reclamado derechos sobre el conocimiento aplicado en la domesticación del tomate (los derechos de obtentor expiran, usualmente, en 20 años). Quizás esta comunidad hubiera recibido muchas regalías por la compra de la semilla, la producción, la venta y/o la importación de la planta. Debido a que la comunidad mexicana experimento con la plata peruana, y luego la entregó a otros para su posterior plantación y “exportación”, esta comunidad hubiera tenido que pagar “derechos de obtentor” a la comunidad peruana, y luego podría reclamar “derechos de obtentor” para ellos. Quizás, comer tomate seria muy costoso porque el pago de derechos de obtentor haría las cosechas mas costosas; o tal vez, el tomate no hubiera llegado a Europa, porque nadie hubiera podido pagar las tarifas.
Bajo la lógica del mercado, parece lógico que quien crea un producto obtenga beneficio sobre su producción. Sin embargo, vale la pena volver al punto de inicio: en este caso, estamos hablando de la fuente de comida para toda la humanidad. Cuanto beneficio se puede obtener en este negocio sin arriesgar el bienestar de la especie?
El conocimiento aplicado en el mejoramiento de las plantas fue a lo largo de miles de años considerado patrimonio de la humanidad. En este momento, es imposible separar el conocimiento aplicado en la domesticación y mejoramiento, y la plata misma. La relación entre hombres y plantas es tan estrecha que separar la planta del conocimiento que hemos utilizado como especie para mejorarla y modificarla, es imposible. Sin embargo, a través de la UPOV ese conocimiento se separa de la plata y se debe pagar por su uso. Las plantas, que una vez fueron mejoradas por agricultores que compartían conocimiento sin cobrar tarifas sobre el, se vuelven propiedad de la empresa privada después de mejorarlas para venderlas. Así pues, en el transcurrir del siglo XX, las plantas comienzan a transitar el camino de pasar de ser un bien común de la humanidad a la materia prima por excelencia de las empresas privadas. Este transición histórica plantea el reto de entender y manejar la relación entre el mejoramiento de las semillas y su accesibilidad por parte de los agricultores, quienes no solo deben pagar el costo de la semillas, sino también las regalías generadas por los derechos del obtentor. Los algodoneros Colombianos, por ejemplo, pagaban a Monsanto en el 2009, $200.000 pesos de regalías por cada hectárea sembrada, además de el costo de semilla(Colprensa, 2012).
No debe negarse que la experimentación privada es especializada, echa por científicos que han dedicado su vida a desarrollar este tipo de conocimiento, y que el conocimiento desarrollado tiene todo el potencia para ayudar a resolver problemas de producción en muchos lugares. Sin embargo, el modelo de desarrollo económico al que esta investigación esta ligada con los cobros y restricciones generados por los derechos del obtentor parecen olvidar que, de un lado, se esta experimentando con recursos fundamentales para los humanos, y por el otro, que el conocimiento milenario de los agricultores es intrínseco a las semillas que ellos manipulan. Quizás puede apuntarse a que la falta de regulación en unos casos, y las legislaciones de algunos países que exigen de los agricultores la compra de semillas provenientes de esta experimentación, maltratan aun mas las relaciones entre agricultores y empresas fitomejoradoras de con animo de lucro (Ver por ejemplo Solano, 2013) y restringen el acceso a las semillas que no provienen de empresas fitomejoradoras.
A finales del Siglo XX la restricción al acceso y la monopolización del negocio de las semillas estaban haciendo mella en la agricultura a nivel global (Humiston, 2013), así que en la asamblea de 1989, las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en Ingles) puso sobre la mesa la relación entre el mejoramiento de las semillas y su accesibilidad. La FAO responde a este reto con la Resolución 5/89 que establece los “derechos del agricultor”. El texto comienza reconociendo que las semillas son resultado de esa herencia colectiva: “[l]os recursos fitogenéticos son una herencia común de la humanidad que hay que conservar y deben estar libremente disponibles para su utilización, en beneficio de la generación presente y las futuras”(FAO, 1989). A esta resolución, la UPOV responde permitiendo el uso ‘libre’ de la planta mejorada a pequeños agricultores, que no comercien con el producto (UPOV, 1961, 1972, 1991). Sin embargo, los pequeños cultivadores deben ser muy cuidadosos porque cualquier tipo de transacción o distribución del producto puede contravenir esta excepción. Así pues, para la realización de la disponibilidad de las semillas existen muchos retos. Permítanme brevemente volver a la premisa de este artículo: la falta de acceso a semillas/plantas, es la falta de acceso a alimento. Ya vimos como la UPOV pone restricciones al intercambio de la planta mejorada; si a eso sumamos el echo de que el agricultor depende también de las opciones que el mercado le ofrezca, y de la legislación de sus países –que en algunas ocasiones puede favorecer el mercado de las semillas genéticamente modificadas- existe el riesgo que los agricultores vean el acceso a plantas restringido. Las plantas, como mercancía, no son comparables a una mesa o a una casa, por el carácter vital que tienen para toda la humanidad.
Como lo reconoce la FAO en el texto citado anteriormente, los programas eficaces de mejoramiento de recursos fitogenéticos son posibles; sin embargo, existen desbalances sociales, económicos y políticos que han derivado en que la investigación sobre mejoramiento filogenético se concentre en los países mas ricos, mientras que “casi todos esos recursos, en forma de plantas silvestres y variedades locales antiguas, se encuentran en países en desarrollo” (FAO, 1989). Los países con un mayor grado de diversidad y plantas silvestres no cuentan con “la capacitación y las instalaciones para el estudio, la identificación y el mejoramiento de las plantas”. Lo que no concluye la FAO es que mientras en unos países se concentran los beneficiarios de la mercantilización[1] de las semillas, en otros se concentran los compradores lo que aumenta el desequilibrio social.
Los Monopolios Económicos y del conocimiento
Con el devenir de la industria, la infraestructura y el conocimiento sobre mejoramiento filogenético no solo se han concentrado en unos países, sino en unas pocas empresas. Es decir, los “derechos del obtentor” ejercidos sobre nuevas variedades de plantas es vendido por un puñado de empresas multinacionales a miles de pequeños, medianos y grandes agricultores en todo el mundo. En el 2008, el grupo ETC, demostró como ”hace tres décadas había miles de compañías de semillas e instituciones públicas de fitomejoramiento, y ahora solo 10 corporaciones controlan más de dos terceras partes de las ventas de semillas” (ETC Group, 2008).
La plantas domesticadas por el hombre durante miles de años, son utilizadas para experimentación privada sin pagar ninguna regalía porque nadie reclama propiedad intelectual sobre el conocimiento milenario de los agricultores. Por otro lado, el mejoramiento genético realizado por las empresa privada permite al obtentor controlar y restringir el derecho al libre uso de semillas por medio de estrictas clausulas como esta:
Los agricultores que compren nuestra semilla patentada deben firmar un acuerdo de “tecnología y administración de Monsanto”. Este acuerdo claramente especifica las obligaciones del cultivador y de Monsanto, y gobierna el uso de la cosecha. El acuerdo especifica que el cultivador no guardará o venderá las semillas que resulten de la cosecha para la siembra, la cría, o el cultivo (Monsanto, 2002)
Así pues, las semillas protegidas rompen el ciclo de conocimiento, observación y experimentación colectiva, y lo remplazan por el conocimiento, observación y experimentación individual, o quizás mejor será decir, restringida y regida por el mercado. Pero la restricción no viene de que sean o no mejoradas genéticamente, sino de la concepción de la propiedad privada del conocimiento. El conocimiento tradicional, no reconocido en los derechos del obtentor, y que ha asegurado la continuidad y adaptación de semillas por milenios, se fractura y desaparece sin tener en cuenta que son los agricultores, campesinos e indígenas quienes realmente experimentan con las semillas después de liberadas al mercado. El conocimiento tradicional pierde merito frente a un conocimiento individual que genera dividendos.
La severa monopolización del mercado de las semillas es todavía mas preocupante, en tanto restringe más la utilización y desarrollo conocimiento colectivo sobre los cultivos. Una planta genéticamente modificada no puede usarse para experimentar con ella y distribuir la nueva planta, sin pagar regalías a sus dueños. Así pues, la domesticación y mejoramiento de esta planta va a ser lenta en tanto depende principalmente de que la compañía que la ha “patentado” quiera seguirla desarrollando, o de que otra empresa privada pueda pagar las regalías para experimentar con ella. Los agricultores y sus formas tradicionales de selección no pueden ser utilizadas en estas plantas mientras no se pague a la empresa privada, por lo tanto se puede sugerir, que las formas tradiciones de creación y propagación de conocimiento no serán aplicadas en plantas con derechos de obtentor. Según los datos presentados por Manuel Molano “en el 2006 el comercio que se da entre compañías por dar el derecho de uso de patentes sumó 19,600 miles de millones de dólares, la mitad de lo que mueve el total del mercado mundial de semillas”(Morales, 2008).
La concentración del mercado de semillas patentadas se ha logrado a través de la afectación de las reglas económicas y políticas. Vandana Shiva (2001), cuenta cómo se “están creando nuevas leyes sobre semillas en países de todo el mundo […]dejando fuera de juego a los pequeños agricultores/as que no sólo no pueden cultivar su propia diversidad, sino que al mismo tiempo se ven forzados a ser dependientes de las grandes corporaciones”. Veamos por ejemplo el caso colombiano.
El mercado de semillas genéticamente modificadas en Colombia
En el 2005 Alfonso López Michelsen advierte las graves consecuencias en materia de competitividad agrícola que puede traer para Colombia la no aprobación rápida de una legislación que acepte y regule la venta de semillas genéticamente modificadas. Este “vacío jurídico”, como es denominado por López Michelsen, limitaría el desarrollo económico y restringiría el desarrollo científico. De acuerdo a las cifras presentadas en un artículo escrito por el político en el 2005 se sembraron en el mundo 81 millones de hectáreas con estas nuevas semillas, y se proyectaba la siembra de 150 millones para el 2010. Así mismo, recalca que “los países líderes [en la siembra de estas semillas] son Estados Unidos, Argentina, Canadá, Brasil y China, precisamente las primeras potencias agrícolas del planeta"(Carlos Gustavo Cano citado por Lopez Michelsen, 2005). López Michelsen sugiere que la competitividad agrícola de un país, en el mundo globalizado, esta directamente relacionada con el uso de semillas genéticamente modificadas. Al parecer esta conclusión parece venir del echo de que la modificación genética se ha centrado en provocar cambios en las plantas que conlleven al aumento de la producción y la reducción de la vulnerabilidad a algunas plagas. En conclusión, sugiere López Michelsen, el uso de semillas genéticamente modificadas mejora el volumen y calidad de la producción y así el país puede competir en los mercados internacionales.
De acuerdo a lo expuesto por Agro-bio, hoy en Colombia están aprobadas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) las semilla genéticamente modificadas de algodón, maíz y rosas azules. En el 2003 se aprobó el algodón, en el 2007 el Maíz y en el 2009 las rosas azules. Los mayores cultivos de plantas genéticamente modificadas están distribuidos de la siguiente manera:
Han sido el algodón y el maíz transgénico la solución a los problemas de la producción agraria en Colombia?
Desafortunadamente la fórmula propuesta por López Michelsen no es tan acertada. Ni los cultivos con semillas genéticamente modificas han garantizado volúmenes de producción mucho mayores, ni han puesto a Colombia en un mejor puesto de competitividad del mercado agrícola a nivel mundial. Por ejemplo, 20 de Febrero del 2013 los maiceros, algodoneros y ganaderos del Cesar expiden el siguiente comunicado:
los productores de Algodón, Maíz, Arroz, Ganaderos y otros sectores realizaremos “LA MARCHA POR LA REPARACIÓN”, porque […] Somos victimas de los desastres naturales como la ola invernal, fenómeno del niño, niña y en general del calentamiento global. Somos victimas de la biotecnología, por las semillas transgénicas introducidas a Colombia por las multinacionales, porque estos materiales no se adaptan a nuestro Caribe húmedo tropical, por sus bajos rendimientos y su alta susceptibilidad a enfermedades.(Comité Por La Defensa Del Sector Agrario De Córdoba, 2013).
Al parecer, antes del 2010 los algodoneros estaban usando una semilla mejorada que daba mejores resultados. En este mismo comunicado los algodoneros plantean “retomar los materiales genéticos ya aprobados, con los que veníamos trabajando”. Pero el gobierno no ha dado respuesta a esta solicitud para que los algodoneros puedan acceder a esta semilla que ya esta en el mercado. Porque un gobierno decide impulsar una semilla, mientras restringe otra? Sera un estudio serio sobre la viabilidad de una semilla? O un negocio con alguna empresa privada? Desafortunadamente no se encuentra respuestas a estas preguntas.
La siembra de Algodón genéticamente modificado en Colombia ha fluctuado debido a muchas variables como la demanda del producto, la calidad de las semillas, y la influencia del cambio climático en las producción. Puede, sin embargo, argumentarse que la siembra de plantas genéticamente modificadas no ha asegurado la calidad, ni la competitividad del producto.
En Colombia los problemas del algodón y su cadena productiva son bastantes complejos, pero, lo que parece claro es que al ser presionados por el mercado y por algunas legislaciones a plantar cierta clase de semillas que están disponibles o que son aprobadas por las entidades del estado[2], los algodoneros encuentran que éstas son responsables de los problemas de producción y preferirían tener la libertad de acceder y aplicar su conocimiento y experimentación común para resolver ese problema. Los agricultores exigen tener influencia en las soluciones y piden que las semillas sean locales, así sean genéticamente modificadas (Colprensa, 2012).
La crisis algodonera no es nueva, ni es solamente el resultado de las semillas utilizadas. Desde 1980 el sector ha sido golpeado por plagas, mal manejo de pesticidas, disminución de precios internacionales, la reducción de los aranceles para la importación, y el aumento en los costos de los pesticidas y la maquinaria agrícola. De la misma manera, la solución a esta crisis, debe ser tan profunda como sus causas y el cambio de semillas no va ser causal directa del repunte del sector a nivel nacional e internacional, como lo suponía Alfonso López Michelsen. Sin embargo, la quiebra del los algodoneros debido a una mala cosecha, profundiza la crisis.
El cultivo de maíz transgénico, por otro lado, parece estar creciendo de manera mas constante. Agro-bio nos recuerda que “ el maíz genéticamente modificado se cultiva bajo el esquema de siembras controladas y todavía no esta aprobado para comercialización (Agro-bio, 2014). Como el Maíz todavía no está aprobado para comercialización la evolución del mercado esta por evaluarse.
A pesar de la introducción de las plantas transgénicas los problemas de los agricultores en Colombia parecen no solucionarse. Hace solo un par de días el país se ve abocado a un segundo paro campesino, en menos de un año. La aprobación de la comercialización de plantas transgénicas ha traído a Colombia el reto del monopolio de las semillas y los debates sobre legislaciones que garanticen el acceso a semillas tradicionales. Al mismo tiempo plantea para los científicos del país el reto de trabajar junto con el conocimiento de los agricultores, campesinos e indígenas colombianos en variedades locales.
En el campo colombiano, así como en otros países con economías emergentes, los problemas del agro no pueden resumirse a una ecuación simple en la que una variable, solucione todos los problemas. Los problemas del agro colombiano parecen estar, mas bien, profundamente relacionados con problemas de justicia global, equidad y soberanía alimentaria. La experiencia científica puede claramente contribuir a solucionar problemas específicos, que son tan importantes de solucionar, como los problemas estructurales. Sin embargo, es importante concluir, que la monopolización del conocimiento y de los recursos necesarios para satisfacer la demanda alimentaria de un país como Colombia, no favorece en nada a la población colombiana, para quienes el precio de la comida aumenta, ni a los medianos y pequeños campesinos y comunidades étnicas quienes son excluidos del proceso de conocimiento, observación y experimentación colectiva, y del acceso a nuevas tecnologías. Discriminar y excluir el conocimiento tradicional no beneficia tampoco a la relación cambiante entre plantas y hombres.
[1] La transformación de bienes y servicios, así como de ideas o otras entidades que normalmente no son consideras mercancías en mercancías.
[2] La Regulación 970 del ICA causo gran revuelo en el país en el 2012. Las discusiones alrededor de esta regulación son profundas y complejas, pero los invito a que las estudiemos (Instituto Colombiano Agropecuario, 2010)
Bibliografía
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